7 de mayo

Todavía se me inflama el hígado cada vez que escucho que el Gobierno ha sido y es transparente, que facilita toda la información y nos mantiene permanentemente informados. Los campeones de la transparencia, que suspendieron el portal de información con dicho nombre y regulado por una ley que hace honor al término. Ahora, en un nuevo capítulo de la transparencia informativa, de la claridad y ejemplaridad de la que hace gala, nos dice que no podemos saber quiénes son los expertos que les asesoran. O sea, que se han pasado mes y medio diciéndonos que todas las decisiones que se toman se hace según los criterios de los expertos, que incluso la desescalada se hará atendiendo a lo que les vayan aconsejando las cabezas pensantes, los que saben del tema, y cuando un plumilla pregunta quiénes son esa gente tan lista que conforman la base de todas las decisiones que afectan al 100% de la población, resulta que no se puede decir. Que si se cuenta, ¡puf! Corren el riesgo de que la gente se meta con ellos.

“Si me permiten, no voy a dar nombres”, explicó Fernando Simón literalmente. Pues no se lo permito hombre, yo al menos no. Diga usted los nombres, no porque esté obligado legalmente a ello, que lo está, sino porque es fundamental para generar confianza en la ciudadanía. Es de cajón saber no sólo quién toma las decisiones, sino los fundamentos, motivos, el detalle de dichas decisiones, quienes intervienen en ellas y, en general, todo. Lo que viene siendo habitual en una democracia vamos. Que la democracia no es votar de vez en cuando, es un poquito más compleja que eso. De hecho, uno de nuestros principios constitucionales para la Administración Pública es la transparencia. Principio que se ha trasladado en multitud de leyes. Pero para más inri, tenemos una ley específica para el tema de la transparencia informativa. Y si eso no le basta, es que hay una que le compete de lleno al señor Simón, que es la Ley General de Salud Pública, cuyo Artículo 3, apartado F, del capítulo II, dentro del título preliminar, dice, literalmente: “Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos”.

Y el redefinitivo, por si no le quedaba claro la obligación de decir quiénes son los que asesoran en casos exactamente como el que acontece, es el artículo 11 de dicha ley, enmarcado en el capítulo III que trata de las obligaciones de las Administraciones Públicas, dentro a su vez del título I, dice: “A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”. Si algún avispado se pregunta qué es eso de “las limitaciones previstas por la normativa vigente”, pues se refiere a las limitaciones existentes en lo relevante a la protección de datos de carácter personal, lógico y normal, o a la posibilidad de decretar secretos esos dictámenes y documentos; pero claro, eso no es llegar y decir “secreto”, eso lleva un procedimiento legal y está pensado para aquellas cosas que afecten a la seguridad del estado. En cambio, el gran argumento empleado por el doctor Simón es que cree “que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”. O sea, que la Justicia, para que sea independiente y no cometa errores, debería ocultar la identidad de los jueces, por ejemplo, o el razonamiento de sus decisiones judiciales… demencial ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos ante el mayor problema que haya enfrentado este país en democracia, y una de los más graves de su historia reciente, desde una perspectiva sociosanitaria y económica.

Estoy indignado, sí, no me da la gana ocultarlo. Tenemos un Gobierno que se comporta de una forma impresentable y legalmente cuestionable. Como me comentó un amigo, después de colapsar los hospitales, colapsaremos los juzgados, porque tanta negligencia e irresponsabilidad en actuaciones públicas tendrá consecuencias jurídicas.

José
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Diario de una pandemia es el relato de la experiencia informativa durante una pandemia, desde una perspectiva muy personal. Este texto no refleja las opiniones de ViveSaludable ni es un trabajo informativo del medio, solo son las reflexiones y opiniones del autor durante esta situación de emergencia.

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